La cuestión consiste en cómo hacer un reciclaje adecuado y quien va a pagar el coste de este reciclado. A grandes rasgos, se trata de llevar los fluorescentes desde los puntos limpios que han dispuesto los municipios hasta las plantas de reciclaje. Un coste que tendrán que acabar pagando los usuarios. Recoger un fluorescente en una zona apartada puede representar un valor equivalente al de varias veces el propio coste del tubo. Como media, este coste podría estar entre los 30 ó 40 céntimos de euro por unidad.

La Directiva europea RAEE, para prevenir la generación de residuos, nace de los cálculos realizados por los expertos de Bruselas, según los cuales se producen en la Unión Europea unos 4 kg por persona y año de deshechos eléctricos y electrónicos. Esta Directiva, cuya transposición a la legislación española debería haberse efectuado antes del pasado mes de agosto, contempla como residuos las luminarias para lámparas fluorescentes (excepto las de los hogares privados), los fluorescentes rectos, las fluorescentes compactas, las lámparas de descarga de alta intensidad, las lámparas de sodio y las de halogenuros metálicos, así como otros aparatos de alumbrado usados para difundir y controlar la luz, a excepción de las bombillas de filamentos.

Si los Estados miembros de la UE están obligados a promover la recogida selectiva de estos residuos, la RAEE establece también que “los consumidores y demás agentes involucrados” deberán contribuir “de manera proporcional” a la gestión de esta recogida. A tales efectos, la Directiva define como productor a quien fabrique y venda con marca propia y a quien revenda con marca propia aparatos fabricados por terceros o se dedique a la importación y exportación de dichos productos. No es productor el vende un producto en el que figure la marca del productor prefijado en el párrafo anterior. En definitiva, es distribuidor el que suministra, en condiciones comerciales, cualquiera de estos aparatos a quien vaya a utilizarlos.

A partir del 13 de agosto de 2005, cada productor será responsable de la financiación de la gestión de los costes generados por la recogida y tratamiento de residuos no procedentes de hogares particulares. Todos los productos que se pongan en el mercado a partir de esta fecha deben ostentar un símbolo especial que indica su obligación de reciclaje.

En Europa, el país pionero en la aplicación de este tipo de recogida selectiva de este tipo de productos ha sido Suecia, donde se estableció el principio de responsabilidad compartida entre los fabricantes y los municipios. En España, la asociación de fabricantes Anfalum se posicionó ante la Directiva RAEE promoviendo la recogida capilar de residuos desde el punto limpio y estudiando la aplicación de una tasa visible sobre el producto, que se reflejara en la factura. Al propio tiempo, promovió la creación de un Registro Nacional de productores de residuos AEEs, sin distinguir entre residuo histórico y nuevo, aplicando el principio pay as you go.

También acordó que se debían establecer sistemas colectivos de recogidas de residuos (considerados éstos a partir del punto limpio) y que la gestión de los RAEEs debería ser una responsabilidad compartida entre todos los agentes de la cadena de valor. Finalmente, consideró imprescindible la armonización de la legislación sobre estos residuos de las diferentes comunidades autónomas españolas

Para llevar a cabo estas acciones, la asociación de fabricantes Anfalum ha creado la organización Ecolum - una fundación sin ánimo de lucro bajo el control y supervisión del Ministerio de Medio Ambiente- que se encargará de que estos productos sean trasladados, una vez haya terminado su ciclo, desde el usuario al manipulador de residuos. Ecolum está presidida por Miguel Tey, presidente de Anfalum, y su gerente es José María Soria, que había sido el director de Philips Lighting en España. En el sector de lámparas, forman parte de la junta rectora las empresas Philips, Osram, General Electric y Sylvania. La financiación de Ecolum se efectuará principalmente por medio de la tasa visible de los productores de lámparas y luminarias, aunque también están previstas subvenciones y donaciones.

El objeto de Ecolum es, tanto el establecimiento, del sistema integrado de gestión (SIG) de sistemas de recogida y reciclado de residuos, como el fomento del diseño y producción de lámparas y luminarias reciclables. También se incluye la promoción y difusión de estos procesos y la formación adecuada en empresas, asociaciones y otras entidades. Como SIG, Ecolum se ocupará de organizar la infraestructura de recogida de residuos, en relación con las Administraciones públicas, de elaborar un plan de información a productores y usuarios, de certificar las empresas integradas en el SIG y de colaborar, tanto en el Registro Nacional de Productores de estos residuos, como en la vigilancia y control de los que incumplan la normativa o caigan en la competencia desleal.

A partir del próximo mes de agosto, cada productor deberá asegurar que los residuos de aparatos de alumbrado que ha puesto en el mercado van a ser recogidos de forma selectiva y tratados mediante una correcta gestión ambiental. Los productores deben financiar los costes inherentes al SIG, que no se pueden mostrar por separado a los consumidores en el momento de la venta.

La Directiva RAEE es una norma europea que no puede desobedecerse, pero que en España puede significar problemas, por lo menos a corto plazo. Como quiera que las competencias en este campo están transferidas a las comunidades autónomas, éstas deberán coordinar la instalación de las plantas de reciclaje, pero lo primero que debe hacerse es armonizar las respectivas legislaciones medioambientales.

El caso es que ya la generación de residuos es muy heterogénea, según las zonas. Algo parecido sucede respecto a los puntos limpios. Existen comunidades con más de 30 y otras, como Extremadura, en donde no hay ninguno. Existen ya dos plantas de reciclado, una en Cataluña y otra en la Comunidad Valenciana además de otras dos que están a punto de abrirse.

Cualquier suministrador de estos productos deberá tener un registro de reciclaje, quien carezca de él no podrá suministrar legalmente. Si alguien compra un producto a quien no tenga un registro de reciclaje se habrá de hacer cargo de éste. Otro problema es que, si las lámparas de incandescencia y las halógenas no tienen costes de reciclaje, se corre el riesgo que en el mercado primen fuentes de luz menos eficaces.