La directiva comunitaria prevé un periodo transitorio de ocho años, hasta 2011, para que la industria se acomode a la nueva situación. En ese periodo se podrá hacer visible el coste que representa hacer frente a los gastos que origine la recogida y reciclado de los residuos históricos y, asimismo, se estimulará que los nuevos productos sean más fáciles de reciclar y sus materiales sean reutilizables. Pero una cosa es la voluntad y otra la realidad que implica implantar estas medidas en el mercado sin crear fuertes tensiones entre los diferentes sectores en cuanto al plazo y la forma de adecuarse.

Hasta ahora, la mayoría de los sectores industriales abogan por aplicar una tasa visible que ampare el costo del reciclado de los productos que se sustituyan sin crear reservas extras que incidirían gravemente en el precio final y por lo tanto en la demanda total. Armonizar la legislación en el entorno europeo, respetando lo recogido en la directiva y fabricando productos reutilizables, menos contaminantes, más fáciles de reciclar debería ser cuestión de pocos años. Pero para conseguirlo es imprescindible eludir cualquier distorsión sobre la competitividad, lograr un adecuado reparto de tareas y responsabilidades y tratar de paliar al máximo las consecuencias económicas sobre cada sector industrial, derivadas de ello.