Según reza el artículo 45 de la Constitución Española en su apartado segundo: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Es a esta indispensable solidaridad colectiva a la que apelan los fabricantes y productores de material eléctrico ante la avalancha que se les viene encima con el reciclado de la basura eléctrica y electrónica. Se podría dar la paradoja que un fabricante del producto que sea tuviera que responder -de hecho estaría obligado por ley- a la demanda de un profesional o particular para acudir a recoger dos tomas de corriente o tres cajas u ocho interruptores o cualquier otro producto y en cualquier otra cantidad pequeña. Los problemas de logística inversa que esto puede generar son incalculables y sus consecuencias también. Por eso, es necesario que todos los eslabones de la cadena interactuen y busquen un punto de partida común y es en este sentido,  Anfalum, quien más avances ha realizado para delimitar un marco de juego racional y favorable. (Ver elektroprofesional.com).