Este nuevo escenario que se plantea afecta de manera múltiple a los procesos productivos, entre otros, de una buena parte del material eléctrico. Los sectores españoles de aparatos eléctricos y electrónicos afectados por esta Directiva de recogida y tratamiento de sus productos han pedido amparo, mediante una carta al Consejo de Estado, ante la negativa del Ministerio de Medio Ambiente de considerar una moratoria para la entrada en vigor de la Directiva transpuesta. El sector español ha elogiado las decisiones tomadas en una buena parte del Viejo Continente, acerca de retrasar  un año las obligaciones de los productores (incluidas las económicas) a partir de la fecha oficial de publicación de la ley. La fecha oficial de entrada en vigor se mantiene en el 13 de Agosto de 2005, pero una disposición transitoria permitirá dar suficiente tiempo para poner en marcha los sistemas de recogida y el cobro de compensaciones que, de no ser por este aplazamiento, habría resultado imposible. Sin embargo, en opinión de los propios productores, la fecha es imposible de cumplir para ellos. La consecuencia principal, en su opinión, sería un incremento de precio de los productos, como consecuencia del extra coste que supone la recuperación. Las empresas españolas productoras se situarían en una difícil situación al tener que sufrir la competencia de productos que, con iguales características, tienen un coste menor cuando provienen de otros países europeos.