La incertidumbre que genera la necesidad de adaptarse al Protocolo de Kyoto puede generar una convulsión sin precedentes en todos los escalones del sector industrial. Todos los problemas que acarrea el cumplimiento de los requerimientos firmados en su momento pueden comprometer el futuro de la industria en general –y del material eléctrico, en particular- si no se lleva a cabo una política de actuación y gestión adecuada que haga posible suavizar el impacto sobre cada sector productivo y sobre el conjunto de la economía nacional, y que a medio plazo supone una amenaza real para la industrial. Para ello es necesario que se activen los mecanismos adecuados y que todos los estamentos involucrados en cada sector puedan exponer sus necesidades y dificultades en los foros convenientes. Llegar a un acuerdo entre todas las partes que intervienen para conseguir minimizar el impacto de las exigencias que es preciso cumplir, debe ser más que un deseo expresado, debe ser una prioridad ineludible.

La directiva comunitaria prevé un periodo transitorio de ocho años, hasta 2011, para que la industria se acomode a la nueva situación. En ese periodo se podrá hacer visible el coste que representa hacer frente a los gastos que origine la recogida y reciclado de los residuos históricos y, asimismo, se estimulará que los nuevos productos sean más fáciles de reciclar y sus materiales sean reutilizables. Pero una cosa es la voluntad y otra la realidad que implica implantar estas medidas en el mercado sin crear fuertes tensiones entre los diferentes sectores en cuanto al plazo y la forma de adecuarse.

Hasta ahora, la mayoría de los sectores industriales abogan por aplicar una tasa visible que ampare el costo del reciclado de los productos que se sustituyan sin crear reservas extras que incidirían gravemente en el precio final y por lo tanto en la demanda total. Armonizar la legislación en el entorno europeo, respetando lo recogido en la directiva y fabricando productos reutilizables, menos contaminantes, más fáciles de reciclar debería ser cuestión de pocos años. Pero para conseguirlo es imprescindible eludir cualquier distorsión sobre la competitividad, lograr un adecuado reparto de tareas y responsabilidades y tratar de paliar al máximo las consecuencias económicas sobre cada sector industrial, derivadas de ello.