Los datos que ofrecen las conclusiones de esta plataforma no dejan de ser preocupantes. 150 muertes al año en España tienen origen en causas eléctricas y se genera un gasto de 40,5 millones de euros cada ejercicio debido a incendios causados por defectos en las instalaciones. Además, sus miembros aseguran que más de dos terceras partes de las instalaciones domésticas españolas no tienen la seguridad suficiente. Lo que pretenden con este esfuerzo de reunión y los estudios llevados a cabo es persuadir a la Administración de la necesidad de legislar a favor de las revisiones periódicas de estas instalaciones. Todo ello para lograr una mayor seguridad y poner freno a los siniestros y las pérdidas que éstos generan.

En la batalla emprendida por estas asociaciones, que incluye a fabricantes, distribuidores e instaladores de material eléctrico, cuentan con el apoyo de organizaciones tan representativas como las de consumidores y usuarios, que han respaldado abiertamente la iniciativa. El objetivo por conseguir contrasta con lo logrado en otros ámbitos parejos, como ocurre con el gas. Aunque nada indica que la siniestralidad que este provoca sea mucho mayor que la produce la electricidad, las instalaciones de gas sí han logrado que exista una revisión periódica.

Estamos, pues, ante una laguna de inseguridad que resulta paradójica en nuestra sociedad actual, en la que las normas de seguridad y de prevención, así como su aplicación práctica, están en proceso de mejora continua en la gran mayoría de las áreas de la actividad humana. Que los usuarios estén convencidos de encontrarse seguros y no sean conscientes de que corren un riesgo en su propio domicilio, debido a la antigüedad de sus instalaciones eléctricas, va en detrimento de todos pero especialmente de quiénes tienen la obligación de regular las normas que favorezcan la seguridad de los ciudadanos, esto es, de las diferentes administraciones.