La UTE concertó con una empresa –subcontrata– la ejecución de unas obras consistentes en la cubierta y fachadas de un puerto deportivo. Al término de las obras, se observó la necesidad de adaptar unos sobrade-ros al canalón construido para desviar las aguas pluviales a la calle siendo esta solución, aceptada por la promotora de la obra. ¿Qué sucedió? Pues que la ejecución de la adaptación de los sobraderos al canalón se hizo sin tener en cuenta las dimensiones que requerían esas obras. ¿Quién es el responsable?

A la hora de exigir responsabilidades, la Audiencia se plantea la posible de los subcontratistas que contrataron con la UTE. Recuerda el Tribunal que había que acudir a la prueba y valorarla en su conjunto conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y que puede ser de testigos, peritos, documentos públicos y privados, interrogatorio de las partes y reconocimiento judicial (además de los que señala el párrafo del mismo artículo 299 de la Ley citada).

La empresa subcontratista recurrió su responsabilidad diciendo que era la UTE quien llevó a cabo el abono de las facturas que presentaba el contratista, a quien subcontrató las obras. Había dos facturas que, aun expedidas a nombre de la UTE, eran reclamadas por el subcontratista a la promotora que pagó una y rechazó la segunda por considerar que se trataba de trabajos ya abonados.