Según los últimos datos hechos públicos recientemente, las poblaciones españolas de menos de 25.000 habitantes son las que más han sufrido el aumento del precio de la vivienda nueva –obviamente, tras siete de las principales capitales de provincia, como a nadie se le escapará–. El incremento medio de los precios en este segmento de ciudad ha sobrepasado el 14% en el año que acabamos de dejar atrás, lo que representa –y esto es verdaderamente lo preocupante– que su valor ya supera los 1.800 euros el metro cuadrado, es decir, 300.000 de las antiguas pesetas.
Este precio, como todos, puede ser caro o no, dependiendo de muchos factores, además del propiamente dicho de la calidad de la construcción en sí. Lo que hay que analizar –y aquí habría mucho de qué hablar– es si el municipio en cuestión que “ofrezca” u oferte –mejor dicho– este tipo de viviendas cuenta con unos servicios e infraestructuras directamente proporcionales a su precio.
Y es aquí cuando volvemos al principio. Si queremos ofrecer un producto de calidad –en sí mismo y en su entorno–, no sólo debemos subir el precio, sino que antes, o al menos al mismo tiempo, debemos ofrecer unos servicios de la misma categoría. Y hablamos directamente de las inversiones que deben acometer los ayuntamientos en “adecentar” el municipio con los impuestos que recaudan tan golosamente de la venta de terrenos y de los impuestos que recaudan por construir.
En resumidas cuentas, si queremos ser como los mejores, debemos serlo en todo, no sólo en el precio.