Y cómo de grave será este tema del Suelo, que hasta en el Gobierno a la hora de redactar el proyecto de ley del mismo nombre, han creído oportuno establecer un denominado “Estatuto de los Ciudadanos”, a fin de que participen activamente en los procesos de gestión y ordenación del mismo, asegurando su tasación real, al margen –y ahí radica el quid de la cuestión– de la realidad especulativa de la que tanto hemos hecho gala en nuestro país en los últimos años.

El Gobierno pretende –y, desde luego, las intenciones son loables–, que dicho estatuto deje claro que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, se encuentran el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, así como la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades, entre otros aspectos.

Esperemos que todas estas buenas intenciones no se queden en sólo eso –en meras intenciones–, sino que se plasmen a corto/medio plazo en realidades que defiendan el derecho de todos los ciudadanos, algo que, a buen seguro, repercutirá positivamente en un desarrollo urbano sostenible, así como en una mayor transparencia en nuestro sector, desligándose de los turbios aspectos por los que se ha visto salpicado en los últimos tiempos.