Nos referimos a la postura que está adoptando el Gobierno –ya era hora que se tomaran cartas en el asunto–, y más concretamente su Ministerio de Medio Ambiente, por desarrollar todas las medidas necesarias a su alcance para proteger nuestro litoral y –en muchos casos– recuperarlo para el disfrute de todos y cada uno de los españoles.

La idea, que ahora parece sencilla y lógica es, por contra, bastante compleja a la hora de ponerla en práctica. Tal es así, que la cartera que dirige Cristina Narbona ha tardado casi dos años en recuperar 800 kilómetros de costa, llegando con ello a haber deslindado ya más del 72% de los 10.000 kilómetros de bienes de dominio público marítimo-terrestre del litoral español.

Pero, ¿quién tiene la culpa de que muchos kilómetros de nuestras costas se los hayan quedado unos pocos para disfrute personal? Pues esto también es complejo. En unos casos, la invasión del litoral se ha producido por parte de los ciudadanos, como se hacía antiguamente en el Oeste: quien llega primero y pone sus vallas, tiene ya un derecho adquirido. En otras ocasiones, ha sido la propia Administración quien –por qué no decirlo–, a su libre albedrío la mayoría de las veces, ha otorgado durante muchos años concesiones que ahora hay que revisar y cancelar.

Lógicamente, y aunque no hay muchos datos, todo esto conlleva un coste económico que debe sufragar el Gobierno, es decir, todos nosotros con nuestros impuestos. Ahora bien, pensemos que con ello ganaremos todos. Por una parte, se pone por fin freno a muchas expectativas urbanísticas “fuera de la ley” y, por otro lado, todos los españoles ganaremos calidad de costa, calidad de vida.