Y en este orden de cosas, nuestro Ministerio de Medio Ambiente ha reaccionado –más vale tarde que nunca– y su responsable –Cristina Narbona–, acaba de presentar a los representantes de las comunidades autónomas un borrador de una normativa que regulará esta gran lacra. Un problema que, no nos olvidemos, no sólo nos incumbe a los que trabajamos en el sector, sino que implica directa e indirectamente a todo el mundo.

El objetivo de la norma es, sin duda, modélico. Y no es otro que prevenir la generación de residuos, fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen –tan importante o más que el anterior– y asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado.

Un punto importante de la norma es que los productores de los restos deberán incluir en el proyecto de la obra un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, donde será obligatorio reflejar una estimación de la cantidad de los desechos que se vayan a generar. Y esto no es todo, la obtención de licencias de construcción estará condicionada a la existencia de una fianza, que será devuelta al confirmarse el cumplimiento del plan de gestión.

En las obras de demolición, reparación o reforma, habrá que hacer un inventario previo de los residuos peligrosos que se puedan generar, evitar su mezcla con otros y asegurar que se gestionen en sitios autorizados.

Sin duda, y como siempre pasa en este país, hecha la ley, hecha la trampa, y habrá más de un avispado que se considere más listo que los demás e intentará saltarse la normativa; pero lo que le debe quedar claro, es que no sólo infringirá una norma, sino que engañará a todo el mundo, incluido a él mismo, por que el medio ambiente es patrimonio de todos.